Esta semana hemos logrado que en el Senado se culmine la aprobación de la nueva Ley de Memoria Democrática. Hablar de Memoria y de Democracia tendrían que ser sinónimos. No podemos, en una sociedad del siglo XXI prescindir del recuerdo, de traer al presente, los valores que han hecho posible que se consolide nuestro actual Estado de Derecho.
Y sobre todo actuar para evitar su deterioro. Su descalificación. Su cuestionamiento, en definitiva.
Por esa razón es, a mi juicio, fundamental que se oficialicen los días institucionales en recuerdo de las víctimas. Y es ahí, donde no debe haber ninguna duda. No vamos a permitir que bajo el pretexto y con arrebatadora falta a la verdad se quiera limitar la definición de víctima. Ni se clasifican en primera clase y segunda. Ni se hacen los actos en recuerdo a determinadas ideologías. La definición de víctima es global. Es para todas aquellas objeto de represión.
Es en el equilibrio, en la búsqueda del consenso que la derecha quiere hurtar donde deberíamos encontrarnos.
Del mismo modo, tenemos espejos donde mirarnos. Los españoles no deberíamos ser singulares en este aspecto. Una Ley como la recientemente aprobada, responde a estándares internacionales y hace posible que dejemos de ser una excepción en Europa.
Me resulta especialmente atractivo el papel del Estado en la puesta en marcha de las medidas reparadoras. Tanto en lo que se refiere a la búsqueda de los desaparecidos, como en la investigación o en la reparación de tanta gente que padeció tremendos sufrimientos y que han sido heredados por sus familiares y su entorno más próximo. Es una muestra de la responsabilidad que, en este sentido, tienen las políticas públicas.
Es el momento de reivindicar el papel de las mujeres en toda nuestra reciente Historia. Por esa razón a nadie le tiene que extrañar que digamos que estamos ante una ley feminista. Se reconoce a todas las que fueron represaliadas, únicamente por ser parejas, hermanas o madres.
Antes de que se pierdan necesitamos que la historia oral ocupe su lugar con la intención de escuchar, de que nos cuenten sus vivencias, de que nos transmiten lo oído, lo vivido…
Por último, no es menos cierto, que debemos de abundar en la conceptualización de conflictos civiles como el acontecido en España entre 1936 y 1939. Para muchos historiadores nos encontramos ante la “guerra de España”. Es decir, ante un episodio bélico de carácter internacional donde fueron determinantes las implicaciones de potencias internacionales que influyeron, sin el
mínimo atisbo de incertidumbre, en el desarrollo del enfrentamiento. Para algunos supuso un ensayo de una contienda mucho mayor, de carácter mundial que estallaría meses después y de cuyas consecuencias todavía seguimos lamentándonos.
Esa debería ser la enseñanza de los principales contenidos de la Ley. La utilidad de una norma para adoctrinar, en el mejor sentido del término, en la búsqueda de medidas que haga que nunca más las diferencias se resuelvan con la violencia.
Porque como se señala en su argumentario: defender la memoria es afianzar nuestra democracia.
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