La consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad ha participado en la jornada “Renovables Responsables”, organizada por SEO/BirdLife en colaboración con el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en la que se han debatido posibles soluciones destinadas a garantizar la compatibilidad entre la conservación de biodiversidad y el necesario desarrollo de renovables.
Olga García ha intervenido en la mesa redonda titulada “Renovables ante el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y equilibrio territorial”, donde se han abordado las prioridades y herramientas para conciliar renovables y biodiversidad a 2030.
La consejera ha expuesto las herramientas que existen para conciliar el desarrollo renovable con la biodiversidad destacando “la evaluación de impacto ambiental de los proyectos renovables como herramienta clave, establecida por ley y que sigue un procedimiento perfectamente reglado, transparente, riguroso, exigente y participativo”.
También ha destacado que ”la ley extremeña de protección ambiental, en algunos aspectos, es incluso más restrictiva que la ley estatal”. Además, ha expuesto el trabajo que lleva a cabo la unidad administrativa específica dentro de la Consejería para la Transición Ecológica dedicada a evaluar ambientalmente los proyectos de renovables que se plantean en Extremadura, desautorizándolos siempre en zonas de alto valor ecológico. Por ello, ha pedido un voto de confianza en la labor de la Administración pública.
La Junta de Extremadura dispone de su propia hoja de ruta en materia energética, que se concreta en avanzar hacia un modelo energético totalmente descarbonizado y en el futuro, desnuclearizado, mediante el Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima 2021/2030 (PEIEC), que incluye un significativo desarrollo de generación renovable con todas las garantías.
García ha reclamado para Extremadura “un papel protagonista en la transición ecológica por recursos, por convencimiento y por solidaridad” y ha reivindicado “una transición cuyos beneficios se deben distribuir territorialmente de forma justa”.
En este sentido, ha indicado que “dentro de los impactos previstos por el despliegue de renovables en Extremadura destaca el efecto en materia de cohesión territorial, de forma que el 74,6 por ciento del impacto económico del PEIEC se quedará en zonas rurales y, además, los ayuntamientos recaudarán 1.295 millones de euros en esta década”.
Si se hace un uso eficaz e inteligente de estos ingresos, “se pueden conseguir sinergias dinamizadoras de la actividad y del empleo en amplias zonas rurales, que son la base para mitigar la despoblación”.
Olga García ha concluido considerando la transición energética como una oportunidad única de desarrollo para la región, por lo que ha abogado por “un desarrollo participativo, responsable, riguroso y respetuoso de las energías renovables”.
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